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Juicios contra los genocidas (Causa ABO): el relato de una generación

A finales del 2009 estuve presente en una audiencia de la causa ABO (Club Atlético, el Banco y el Olimpo). De aquella nueva experiencia -única por tratarse del relato de un compañero de militancia con el que venimos pateando desde hace mucho tiempo-, escribí una crónica: pasen y vean.

Durante el 2010 vamos a seguir aportando a la Memoria, la Verdad y la Justicia, difundiendo, dentro de nuestras posibilidades, los relatos de quienes testimonian en los históricos juicios que se le sigue a los responsables de cometer los más horrendos delitos de lesa humanidad en la historia de nuestro país.

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Crónica sobre Campo de Mayo disparó el debate sobre un tema no saldado

Marisa Sadi, una compañera comprometida con las organizaciones de ddhh desde hace muchos años, que militó en la Juventud Universitaria Peronista hasta el año 1977 y que estuvo secuestrada unos meses en la ex ESMA, y que escribió un más de un libro sobre estas experiencias, me contactó por la crónica que hice de una audiencia de la mega causa de Campo de Mayo los primeros días de enero cuando declaró un ex sargento del ejército que reveló mandos, nombres, fechas y metodologías de los grupos de tareas que operaban dentro de Campo de Mayo. Hubo un pasaje de la crónica que a Marina le hizo ruido, y ella, que lleva muchas horas de investigación sobre la espalda, me escribió, y opinó, e intercambiamos un par de correos, y en seguida, a nosotros, los hermanos Dios, nos pareció interesante la idea de subir sus observaciones e inquietudes a nuestro blog, porque nos sirvieron, nos aportaron, y se prestan al debate.

Acá va su nota, entonces.




Como investigadora independiente, militante de Derechos Humanos, y autora del libro “El caso Lanuscou. Columna Norte. La Otra Historia”, deseo enviar algunos comentarios sobre la mención que en dicha crónica de la audiencia se hace de “Nenina”.Las crónicas que se están realizando sobre las audiencias no son versiones taquigráficas (como fue, por ejemplo, el diario del Juicio a las Juntas).Es decir, no son trascripciones textuales a las que no debería sobrarles o faltarles ni un punto ni una coma. Si lo fueran, estas líneas que estoy enviándoles carecerían de sentido. Sin embargo, del mismo modo que mis reconstrucciones no presumen de objetividad, ya que están traspasadas por la subjetividad del militante, también estas crónicas o síntesis del juicio, por lo que puede leerse, lejos están de constituir asépticos relatos desprovistos de significación y hasta las emociones del público.

Es, evidentemente, un relato escrito por quienes persisten en sancionar los crímenes de lesa humanidad no ya desde un mero tecnicismo judicial sino desde un sentido profundo de “Memoria, Verdad y Justicia” forjado en años de militancia y sostenido con las tripas pero también con racionalidad y coherencia. Desde ese lugar resulta poco entendible la forma en que se reprodujo lo dicho por Ibáñez.

“Nenina” apareció en la cronología de mi investigación a poco de empezar a indagar sobre lo sucedido con el ataque a la familia Lanuscou (otro de los casos de la Megacausa Riveros). Este caso es muy complejo y aunque no suelo incluir en las reconstrucciones el tema de las “cantadas”, esta vez era importante saber cómo llegaron las fuerzas represivas a la casa de los Lanuscou. “Nenina” apareció porque algunos indicios la convertían en una de las cuatro hipótesis que formulé sobre la caída de esa casa. Desde la página 84 “Nenina” entró y salió de la cronología de mi libro para reaparecer, una y otra vez, con cada noticia nueva que hacía retroceder o afianzar la hipótesis, con cada dato sobre su caída, sobre su militancia o la de su marido, sobre posibles vínculos con Roberto Lanuscou o su esposa Bárbara, o al intentar armar el rompecabezas de la “orgánica” de Norte. Pero no la nombré. No la nombré ni por el apodo. No la nombré porque yo indagaba el espinoso tema de las cantadas SOBRE EL CUAL TODAVÍA NO SE DIO UN DEBATE SERIO. No la nombré no sólo porque no podía defenderse, sino, aún sin haberla conocido, por el respeto a lo que fue y por respeto a su familia. No la nombré porque se la tragó el peor pozo. No la nombré porque sabía bien del salvajismo del Ejército y como si esto fuera poco, a esa altura de la investigación ya tenía una idea aproximada de lo que fue Campo de Mayo. No la nombré... PORQUE NO PODIA VAPULEAR EL NOMBRE DE UNA DESAPARECIDA Y ESTO CORRIA TAMBIEN PARA EL CASO DE QUE LOS INDICIOS SE CONVIRTIERAN EN CERTEZAS. O para ser más explícita NO PODIA VAPULEAR EL NOMBRE DE UNA VICTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO DESAPARECIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER VARIABLE.

Y ACLARO QUE ESA HIPÓTESIS QUE FORMULE SOBRE NENINA NI SE ARRIMABA A LAS DEMOLEDORAS AFIRMACIONES DE IBÁÑEZ SOBRE SU CONDUCTA EN CAUTIVERIO. LA HIPÓTESIS SÒLO REFERÍA LA “POSIBILIDAD” DE QUE LE HUBIERAN ARRANCADO UN DATO BAJO TORTURA.

No la nombré y para el lector fue “N”. La primera “N” la mandé con una Nota al Pie: “En pos de resguardar a los involucrados de los prejuicios y desviaciones que suelen rondar el tema de las “cantadas”, no se suministrarán apellidos ni nombres reales o de guerra para este tipo de situaciones u otras similares”. (Desde ya, tengo bien clara la diferencia entre una cantada y la conducta de una ínfima minoría que se pasó con armas y bagajes, conozco perfectamente lo que fue la cadena de caídas –que no es otra que la cadena de cantadas- y sus alcances, y sobre mis conclusiones y pareceres al respecto he dado debida cuenta en mi libro “La resistencia después del final”, etc.). La cosa es que me decidí a nombrar a “Nenina”, por su apodo, recién en la página 395. Fue cuando Juan Carlos Scarpati introdujo una duda consistente que hacía tambalear la hipótesis “N”, que le quitaba sustento. ¿Pudo Scarpati intentar preservar, con esa duda que introdujo, la memoria de una compañera de cautiverio que se habìa perdido para siempre en el peor pozo de la dictadura? Es un interrogante que está planteado reiteradamente en mi libro. No voy a entrar en detalles por cuestiones de espacio y tiempo, pero sí debo aclarar que, pese a no haber corroborado fehacientemente ninguna de las cuatro hipótesis, algunas cosas son seguras: en el probable caso de que los datos le hubieran sido arrancados a Nenina, la casa cayó cuatro días después de su secuestro: Entonces, en el caso de que Nenina hubiera entregado ella el dato a las fuerzas represivas, Nenina habría aguantado la casa, ¡en Campo de Mayo..., cuatro días! Muchos de ustedes pudieron acceder al testimonio de Juan Carlos Scarpati acerca de las condiciones de El Campito. No fue el único. Ahí está el libro “El dictador”, de María Seoane, consignando aberraciones inimaginables que relatara patricia Erb, sobreviviente de Campo de Mayo, o el propio Ibáñez, o los aportes de otros trabajos sobre Campo de Mayo. Me pregunto, ¿Aguantar cuatro días en esas condiciones constituía traición o era, en realidad, un acto heroico?

Existen noticias de que Nenina fue una de las dos personas màs torturadas de Campo de Mayo.De acuerdo a las normativas de seguridad que regían el funcionamiento orgánico de los militantes, existía un tope horario para abandonar las casas, siempre dentro de las 24 horas en que alguien no se reportaba o había presunciones o certezas de su caída. La casa Lanuscou fue atacada la noche del 3 de septiembre. (Hubo un “aguante” de las fuerzas represivas que comenzó el mismo 3 a la mañana. No antes. Acerca de este término, aguante, los remito al testimonio del mismo Ibáñez en el libro sobre Campo de Mayo de Fernando Almirón, donde, por cierto, el ex sargento aporta muchos más detalles del horror y de la operatoria del Comando Zona IV que los que declaró en el juicio.)

La casa donde asesinaron a los Lanuscou y a dos de sus hijos tendría que haber sido levantada sin ningún tipo de dilaciones por el matrimonio Lanuscou, ni bien se produjo el secuestro de Nenina y Alejandro Sackmann, el 29 de agosto de 1976, en el Zoològico. (Pasaron cuatro días largos, casi cinco).

Son datos. No voy a seguir en esta línea aunque podría. Lo que quiero expresar, es que las cosas suelen ser bastante más complejas de lo que a veces aparentan.

Compañeros: hasta se transcribió y se echó a correr por Internet que esta chica era, “la hija del escritor tal”. Reitero que no estamos hablando de una trascripción textual. No considero productiva ni relevante ni necesaria la inclusión de la supuesta conducta de Nenina en la crónica. En Florida se están juzgando los crímenes del Terrorismo de Estado. ¿A qué tipo de “escrache” nos estamos dedicando ahora?De hecho, la síntesis “Destacados de la semana” que envió la Sra. Taboadaprescinde de esas menciones y esa exclusión no le quita nada. Por el contrario, la sobriedad de esa síntesis, que se aclara està tomada de las crónicas de Hijos, no la inhibe de la carga de emotividad y significación que posee la otra crónica.Un ex militante de la JUP me dijo alguna vez que “las historias perfectas sólo las inventan los vencedores”. Creo que así como està en nosotros seguir cumpliendo el mandato primordial, Juicio y Castigo, también está en nosotros custodiar aquel pasado, preservarlo de los intentos de la derecha ilustrada disfrazada de progre (Sarlo, Vezzett) que tanto se empeñan en re escribir la historia a su manera; está en nosotros conocer el pasado reciente y esforzarnos para que otros conozcan la verdad histórica, y después de conocerlo, analizarlo, debatirlo, incorporarlo a la Memoria Colectiva, etc.“Campo de Mayo no fue un centro de detención más. Ahora se sabe que fue el peor”. Cito a Fernando Almirón, autor del libro Campo Santo. Después de cinco años de investigación, suscribo esta afirmación del periodista que abrió camino sobre Campo de Mayo. Creo, sinceramente creo–es mi opinión- que es preciso asumir en toda su dimensión el nivel de degradación al que fueron sometidos. Ése crimen de lesa humanidad es, posiblemente, más difícil de digerir aún que los vuelos, que los secuestros, que las torturas y los asesinatos. Tal vez tendrán que pasar años para que, con la mayor perspectiva que otorga el tiempo, pueda darse el debate que nos debemos sobre cuestiones tan terribles y espinosas. Mientras tanto, a lo mejor no está de más seguir conociendo y registrando ese pasado -cómo y porqué sucedieron las cosas- de lo contrario no habrá interpretación ni análisis posible. Tampoco está de más recordar que en estos temas aún seguimos transitando terrenos resbaladizos.

Marisa Sadi

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Cómo hacer una carrera política a cualquier costo


Imaginemos, por unos minutos, cómo se cocinó el comunicado de prensa que salió del despacho de Julio Cobos una hora y media después que la Presidenta de la Nación anunciase, en el salón Sur de la Casa Rosada, que se suspendía el viaje diplomático y comercial a la China porque "el vicepresidente no cumple el rol que le asigna la Constitución y no sólo se convirtió en líder del partido de la oposición, sino que directamente obstruye y se opone a medidas que son resorte de la Presidencia".

Dentro de su oficina, mirando C5N en directo, en el momento que la escuchó decir que no viajaría, se le endurecieron los músculos del estómago. En seguida sintió un cosquilleo en las piernas y por último un dolor en el parietal derecho de la cabeza, como si lo estuviesen perforando con un punzón. Se puso de pie, metió las manos en los bolsillos y caminó dos o tres veces, ida y vuelta, por detrás del sillón. Uno de sus asesores, sentado con los codos sobre las rodillas y el cuerpo arqueado en dirección a la televisión, dijo que estaba cantado. "Qué cosa", quiso saber él. "Que te iban a seguir pegando". "Pero no que suspendían el viaje". "Eso es cierto", concedió el otro. Las otras dos personas de confianza que había en la oficina no abrieron la boca.

Cuando la presidenta terminó su discurso, Cobos le pegó un grito a su secretaria y le dijo que traiga papel y lápiz. La mujer entró a la oficina, tomó asiento del otro lado del escritorio y esperó instrucciones.

- Por el bien del país le pido a la presidenta que reconsidere su decisión y que realice el viaje-, arrancó, pero fue interrumpido por la vibración de su celular. Era Ernesto Sanz, titular de la Unión Cívica Radical. Lo atendió.
- ¿Vas a convocar a la prensa? -le preguntó el otro, muy tenso.
- Esta vez no.
- Ya no tienen reparo -dijo el senador por Mendoza.
- Estoy redactando un comunicado -dijo Cobos.
- Macri se va a despegar.
- No creo.
- Gerardo (por Morales) dice que hay que seguir lastimando -le contó Sanz, respirando con dificultad.
- Puede que el tiro nos salga por la culata -opinó Cobos, con perlas de transpiración en la frente.
Fuera de la oficina se escuchaba el abrir y cerrar de la puerta del despacho. Se escuchaban voces en voz baja. Dos de las personas de confianza salieron de la oficina y sólo quedo una.
- Creo que hay que mantener la postura conciliadora, Julio.
- Sí, ya lo sé -bufó Cobos, y se dejó caer en su sillón de cuero, aturdido, pasándose una y otra vez la mano derecha por la cabeza.
Golpearon la puerta de la oficina.
- Ahora no puedo -avisó, pegando un grito.
- Yo voy a hacer declaraciones, también –dijo Sanz-. Esta mina es una hija de puta –y cortó.

Cobos volvió a dirigirse a su secretaria, que esperaba con la lapicera en la mano derecha, las piernas cruzadas y la espalda derecha como una tabla de planchar. El asesor opinó que había que decir que estando él –por su jefe- reemplazando a la presidenta en sus funciones, en ningún momento puso palos en la rueda a la gestión de gobierno.
- Poné - le ordenó a la secretaria-: cada vez que estuve a cargo del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la Presidente, no firmé decreto alguno, excepto el de honor por el fallecimiento del ex presidente Alfonsín -y le dijo a la mujer que resalte particularmente esa oración-, y no realicé acciones contra las políticas del Poder Ejecutivo Nacional ni no tomé decisiones administrativas de ningún tipo”.

Le dictó dos párrafos más y liberó a la secretaria, que salió de la oficina del jefe con cara de piedra. Los recién llegados preguntaron si podían pasar. No, dijo ella.

Dentro de la oficina, sentado en su sillón, y con los diez dedos de la mano enredados sobre el vidrio del escritorio, Cobos no se decidía a atender su teléfono que, literalmente, se estaba prendiendo fuego. El asesor prefirió no decir nada, dejar que el hombre decidiese solo, y salió.

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La historia de Kiki y Pochoclo: conclusiones finales (Capítulo III)

Capítulo 3.

Hace unos días atrás la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires difundió un informe en el que sostiene que la violencia policial se agravó seriamente durante los dos últimos años, en especial durante el segundo semestre de 2009. El documento cubre las denuncias recibidas por la Defensoría hasta el 31 de octubre pasado y no llegó a incluir la represión en el recital de Viejas Locas el 14 de noviembre pasado en Vélez, noche en la que murió un chico llamado Rubén Carballo.

El caso de Kiki y Pochoclo es uno estos casos y, como suele suceder con la mayoría de ellos, los hechos se producen en los barrios más pobres de la ciudad y contra una víctima predilecta: los jóvenes. La Policía Federal sigue castigando a estos sectores porque forma parte de su trabajo de rutina. María Angélica, la mama de Kiki, lo sabe muy bien y, como tantas otras madres, con la luz que prendieron para siempre las Madres de Plaza de Mayo, se aferró a la lucha, se cargó en la espalda a los familiares de otras víctimas para asesorarlas y acompañarlas a hacer la denuncia, con menos de 2 pesos en el bolsillo, sin lagrimas, sólo con el cuerpo donde retumba su corazón, cada día más grande.

Esta señora, de extracción muy humilde, la noche del día 4 de octubre de 2009, a muy pocos días de haberse enterado de la verdadera historia sucedida con el cuerpo de su hijo, volvió a ser amedrentada: la federal le recordó, para que no lo olvide hasta el día que se muera, que tienen mucha muñeca para manejarse en los márgenes de la impunidad de nuestra democracia. Esa noche, tomando mate en su casa, uno de sus hijos le contó que policías de la Comisaría 52 estaban apuntando con pistolas 9mm, y en la calle, a tres nenas de 14, 15 y 16 años y a dos varones también menores. María Angélica se acercó a lugar de los hechos y le pidió al policía que a las nenas las sienten en la vereda y que no las tengan tiradas en el piso. Se lo dijo bien. Y el oficial contestó a su manera: “qué te metés negra de mierda, hija de puta”. María no se calló y la respuesta del policía fue contundente: “a tu hijo lo matamos como un perro porque era un delincuente de mierda comos vos, negra quilombera”. Los federales subieron a las chicas a un patrullero y a las chicos en otro. María quiso impedirlo y el móvil arrancó con ella adentro. A su merced, otro agente, desde el asiento delantero, le dijo “ahora ves lo que te va a pasar, te bajo a trompadas del patrullero, negra de mierda”. Pararon en el cruce de las calles Moriuondo y Ordóñez del sur de la ciudad, se acercó el policía que la había insultado primero, uno grandote, que venía en un coche rojo, y le dijo: “Te voy a enseñar negra hija de puta que no hagas más denuncias” y le pegó en la cara, los brazos, le pisó la mano, le dobló el brazo y le dio patadas en las piernas. Y en ningún momento paró de insultarla: “negra hija de puta, tu hijo fue muerto por chorro y así te vamos a matar a vos. Gritá ahora negra quilombera”. Ninguno de los policías tenía su chapa identificatoria. La tuvieron detenida 13 horas en un calabozo junto a una menor de 14 años. No la dejaron hablar con nadie hasta que llegó su abogado, un hombre al que le pusieron todo tipo de trabas para ver a María Angélica. Quienes llamaban para pedir información sobre la detenida -diputados, funcionarios y familiares-, se encontraron con que el telefono de la comisaría daba ocupado. Después se supo la razón: lo habían cortado. El abogado de María lo comprobó ahí mismo, llamando desde su celular y en la cara del Comisarío de la dependencia. Cuando María se fue le dijeron que le habían imputado los delitos de robo a automotor en grado de tentativa y resistencia a la autoridad agravada.

Es evidente, pensamos, que no resulta para nada sencillo pensar una estrategia para evitar que estos hechos de violencia, brutalidad e impunidad policial, sigan sucediendo.

Desde el año 2003 se vislumbró una decisión política respecto de la conducta de la Policía Federal. Se trabajó mucho y se implementó una forma de intervenir en grandes manifestaciones. Eso es un logro político. Y da cuenta que cuando la política gobierna a la policía los cambios son posibles. Las manifestaciones masivas no se reprimen en Argentina, los policías no llevan armas de fuego a las marchas y la protesta social no se criminaliza. Bien. Y eso no significa necesariamente que la policía haya comprendido: significa que se tomó una decisión, se gestionó y se implementó. Hay que seguir avanzando porque si no gobernás a la policía, esta misma la policía se autogobierna con sus propias reglas, que no son las de la democracia ni las de las garantías constitucionales sino las reglas que rigieron el caso de los asesinatos de Kiki y Pochoclo.


Hay que seguir avanzando, con los límites conocidos de la política y asumiendo el tamaño y el poder que tiene el otro sujeto de la negociación: la Policía Federal. Y ese avance no sólo puede recaer en los funcionarios del gobierno. Si siguen ocurriendo en la ciudad casos de gatillo fácil no es sólo por negligencias gubernamentales: también porque la sociedad no hace suyo este reclamo, como no hace suyo casi ningún reclamo en favor de los pobres y los jóvenes.

Por eso también es un deber de la militancia poner este tema en su agenda. Y es un deber aún más urgente poner este tema en la agenda de la juventud política porque los abusados y los asesinados son jóvenes. Denunciar y criticar a la Policía Federal en los casos como el que acá detallamos es pedirle al gobierno que siga corriendo para la izquierda (descolgando el cuadro de Villar que todavía cuelga en las Escuelas de la fuerza, un asesino despiadado que cumplió funciones como comisario de la Triple A durante los años setenta), que siga caminando la senda que se tomó con la política de Estado de la Verdad, la Memoria y la Justicia.

Un gobierno nacional y popular no puede permitir la existencia de una policía represora y asesina. Y eso hay que decirlo de abajo hacia arriba. De lo contrario, nos van a volver a robar el discurso, el relato y la historia. La militancia política juvenil no puede omitir lo que pasa con los Carballo en un recital de rock ni con los Kiki en un barrio carenciado del sur de la Ciudad.

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La historia de Kiki y Pochoclo: las causas judiciales, y el escándalo (Capítulo II)

Capitulo 2.

Cuando el agente Veyga le dispara a Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco y los deja tirados en el auto, se baja y llama a sus colegas de la Comisaría 12, que en seguida concurren al lugar del hecho, sacan fotos de los cuerpos y, sin ningún apuro, llaman a la ambulancia. Ezequiel ya estaba muerto pero Jonathan no. En el Expediente judicial que se inició el mismo 8 de julio de 2009 la médica que llegó con la ambulancia informó que Jonathan estaba vivo y que murió en el hospital Piñero.

La causa abierta se caratuló “NN sobre ROBO DE AUTOMOTOR CON ARMAS. HOMICIDIO SIMPLE”, bajo el número 29.500/2009, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49, a cargo del Juez Facundo Cubas.

Ese mismo día se hicieron las autopsias. El médico forense escribió que el primer NN (Ezequiel) falleció por lesiones por proyectiles de arma de fuego en cráneo y cerebro con hemorragia interna y externa. Y estima que es un masculino de entre 18 y 22 años (Ezequiel tenía 25). Del otro NN (Jonathan) escribe exactamente lo mismo con las mismas palabras, sólo cambia el horario aproximado de la muerte: 16.15 (Jonathan tenía 17 años).

Por la noche la policía de la Comisaría 12 cargó los datos en el COP (Centro de Operaciones Policiales) de los dos cuerpos NN con las características descritas.

Al día siguiente María Angélica, la madre de Jonathan, se acercó a la Comisaría 52ª y presentó una denuncia describiendo los rasgos de su hijo destacando un tatuaje del Gauchito Gil. El 10 de julio la Comisaría 52ª hace la consulta en el COP con resultado negativo.

El día 12 de julio de 2009 María Elizabeth Vera denunció la desaparición de su hermano Ezequiel Blanco en la Comisaría 52. Al día siguiente, 13 de julio, la Comisaría 12 y el Juzgado 49 ya tenían conocimiento que uno de los cuerpos era el de Ezequiel Blanco, con todos sus datos personales (fs. 83 del Expediente).

Mientras la Comisaría 52º recibía las denuncias de las desapariciones, la Comisaría 12º y el Juzgado de Instrucción 49 mantenían a los cuerpos de esos supuestos desaparecidos en la morgue judicial. El Juzgado 49 no realizó ninguna diligencia para acelerar la identificación de Jonathan ni para encontrar y comunicar a los familiares de Ezequiel que su cuerpo había sido identificado.

En la Ciudad de Buenos Aires, con la tecnología existente y con los “expertos” en inteligencia de la Policía Federal, es absolutamente ridículo que dos personas mueran sin ser identificadas mientras al mismo tiempo sus dos familias denuncian que ese mismo día sus seres queridos desaparecieron. Es inadmisible que ninguna autoridad policial o judicial haya conectado estos dos hechos. Y sobraban datos para esa conexión como el tatuaje del Gauchito Gil en el cuerpo de Jonathan. El responsable máximo de esta tremenda impericia es la autoridad que “condujo” la investigación del hecho principal, y quien tenía la potestad sobre el destino de los cuerpos: el Juez Cubas.

El 19 de agosto de 2009 el Registro de Reincidencia informó en el Expediente judicial el domicilio de Ezequiel Blanco, pero tampoco se hizo diligencia alguna para ubicar a su familia.

Desde el día 8 de julio de 2009 hubo fotos de los pibes en la causa que llevaba el Juez Cubas. Y desde el 12 de julio hubo fotos de ellos en el sumario policial de la Comisaría 52, que en primer lugar generó una causa por averiguación de paradero en el Juzgado de Menores nº 5 y luego, a partir del 27 de julio de 2009, el Expediente nº 30.239/09 con intervención del Juzgado de Instrucción nº 30 y la Fiscalía nº 44.

Los familiares de Jonathan y Ezequiel denunciaron las desapariciones de los chicos, exhibiendo, siempre, sus fotos. Incluso hubo medios de comunicación que publicaron sus rostros. Sin embargo, el Juez Cubas continuó con el trámite de rutina, ocupándose, únicamente, de resolver la situación procesal del policía que fusiló a los dos pibes, como si ese Juzgado perteneciera a otro sistema, por fuera de otros Juzgados colegas, por fuera de Missing Children y por fuera de toda realidad.

Recién el 14 de septiembre de 2009 los familiares tomaron conocimiento que en el Juzgado de Instrucción nº 49, a cargo de Cubas, tramitaba la causa 29.500/2009, que disponía de los cuerpos de Jonathan y Ezequiel. En este juzgado un empleado le entregó a la madre de Jonathan un papelito de color verde con los dos nombres de los cuerpos y el número de expediente de la morgue. Cuando llegaron a la morgue un funcionario les informó que Jonathan ya había sido enterrado como N.N. en el Cementerio de Chacarita el día 11 de septiembre de 2009. Cuando llegaron a la morgue, además, estaban por llevarse el cuerpo de Ezequiel Blanco al cementerio, hecho que fue evitado por María Elizabeth Vera, su hermana.

La noticia de la existencia de los cuerpos se las dio a los familiares un empleado de la Fiscalía 44. Esta Fiscalía fue la responsable, a raíz de las diligencias ordenadas, de obtener el cruce de datos. Pero también hubo serias demoras en la actuación de esta Fiscalía: recién el 11 de septiembre de 2009 (un mes y medio después del inicio de la causa) se ocupó de convocar a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina para que desarrolle tareas investigativas. Ese mismo día dicha División cruzó los datos con la Comisaría 12 y resolvió la cuestión de la búsqueda.

Pareciera que la Policía Federal Argentina siempre supo todo, pero que recién después que el Fiscal convocó a esta División, blanqueó la situación. El ocultamiento ya era escándalo y seguir con ese juego podría haber tenido consecuencias más graves. Además, la presión institucional sobre la policía iba creciendo.

La actuación de la Fiscalía 44 en la causa 30.239/09, con intervención del Juzgado de Instrucción 30, también fue negligente. Los familiares de las victimas concurrieron a la sede de la Fiscalía el 14 de septiembre de 2009 y recién ahí se les informó de la existencia de la causa en el Juzgado 49. Nadie los llamó, sino que ellos se acercaron a la Fiscalía, como muchas otras veces, para consultar sobre el destino de los chicos.

Esto confirma que el juzgado a cargo de Facundo Cubas en ningún momento tuvo la intención de poner en conocimiento a las familias de lo ocurrido. Todo lo contrario: el 28 de agosto de 2009 Cubas había ordenado a la Morgue Judicial la inhumación por vía administrativa de los dos cuerpos, sin haber instado medidas para el reconocimiento de sus familiares. Ordenó la inhumación de Ezequiel Blanco (identificado plenamente) y del cadáver 1563/09 sin identificar: Jonathan Lezcano.

La morgue realizó la inhumación de Jonathan Lezcano varios días después, el viernes 11 de septiembre de 2009, justamente el mismo día que la División Búsqueda de Personas informó sobre la conexión entre las dos causas.

Cuando el Fiscal a cargo de la Fiscalía 44, Dr. Pablo Recchini, descubrió la conexidad de las causas se declaró incompetente y pasó todo al Juez Cubas.

En el Expediente del Juez Cubas consta que se encontraron sólo balas del arma del agente Veyga y que las armas que supuestamente poseían Kiki y Pochoclo no fueron utilizadas. Además, con la distancia en la que fueron hechos los disparos del agente Veyga, es improbable la hipótesis de un enfrentamiento. Por otra parte, no se efectuaron pericias dactilares sobre las armas que supuestamente tenían los pibes, ni se pidió informes al 911 sobre posibles llamados el día de los hechos ni ningún otro medio de prueba que profundice la investigación.

El juez Cubas dictó el 28 septiembre de 2009 el sobreseimiento del agente Veyga y lo hizo el mismo día que autorizó a las familias a extraer las fotocopias de la causa, papeles solicitados 6 días antes. Además, el día 29 de septiembre sólo le expidieron a las familias copias del primer cuerpo omitiendo las copias del segundo cuerpo donde justamente se encontraba la sentencia que debían apelar.

El fundamento del sobreseimiento fue el de la legítima defensa, que el imputado planteó por escrito al relatar su versión de los hechos.

El juez Cubas dictó el sobreseimiento sin tomarle al propio agente Veyga declaración indagatoria: reemplazó ese acto procesal con una simple declaración espontánea por escrito del policía. El sobreseimiento se basó en dicha declaración y se decretó pocos días después que las familias de las víctimas habían tomado conocimiento de la causa y antes de que su abogado pudiera tomar vista. El juez, además, no hizo lugar al pedido de las familias de constituirse como querellantes.

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A Macri no le van las leyes a favor de los derechos humanos

El miércoles 13 de enero, por la noche, subimos el siguiente texto a la página del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, repudiando, una vez más, algunas desiciones políticas del ejecutivo porteño.

Armamos una gacetilla de prensa y se la envíamos a medio mundo. Hoy, jueves 14 de enero del 2010, para algunas agencias de noticias, diarios en su versión impresa y digital, y radios, es noticia.

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La historia de Kiki y Pochoclo: asesinato y desaparición (Introducción y Capítulo I)

Un caso de violencia policial, complicidad judicial e impunidad.

Los hermanos Dios decidimos contar esta historia con la intención de aportar al conocimiento y esclarecimiento de este caso. Para que no quede impune y con la impotente voluntad de que estas situaciones no se repitan. A la historia de Kiki y Pochoclo accedimos por nuestras relaciones laborales y sociales, pero seguro que hay muchas más similares dando vueltas. Nuestro aporte no es artístico, apenas intenta ser militante. Todos los datos están chequeados. Dividimos el trabajo en tres capítulos. El primero se remite a los hechos. En el segundo contaremos los detalles más reveladores de las causas judiciales y en el tercero señalaremos las repercusiones y las consecuencias.

Capitulo 1.
Jonathan Ezequiel Lezcano tenía 17 años. A las siete de la tarde del miércoles 8 de julio del 2009 se subió a un remise junto a su amigo Nelson Ezequiel Blanco (25) en una esquina de la Villa 20 de Lugano, donde vivían. Después de viajar unos quince minutos se bajaron a tres cuadras del Hospital General de Agudos "P. Piñero", en el Bajo Flores. “En una hora te volvemos a llamar para que nos lleves de nuevo a casa”, le dijeron al chofer, a quien conocían del barrio. Pero la llamada nunca llegó.

Jonathan llevaba puestos unos jeans de color azul, un buzo a rayas celestes y blancas y zapatillas Nike negras, y le decían Kiki. Ezequiel tenía unas zapatillas Reebok blancas, jean gris, una remera manga larga de color negro con bordados rojos y una campera polar negra. Le decían Pochoclo.

María Angélica Urquiza, la madre del Kiki, desde hacía un largo tiempo venía peleando para que su hijo se curara de la adicción al paco. Como suele ocurrir con los pibes pobres y adictos, la opción es un neuropsiquiátrico; y aquellos que tienen alguna causa judicial, Instituto de Menores. Kiki pasó por los dos. Primero por una clínica neuropsiquiátrica, donde su madre lo visitaba casi todos los días: el chico le rogaba que lo sacase de ahí porque lo tenían aislado y drogado desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y también pasó por el Instituto de Menores San Martín, en el marco de una causa judicial. Su Directora, Raquel Robles, lo recuerda con mucho cariño: “era precioso, tenía un gran carisma, un líder: un pibe diferente y muy querido”.

En la ciudad de Buenos Aires, para acceder a un tratamiento que ofrezca posibilidades serias de curación y reinserción, hay que tener dinero. Los tratamientos no son gratuitos y sólo acceden familias de cierto poder adquisitivo. Los pobres no. Las vacantes para el tratamiento gratuito son ínfimas y las políticas estatales son risueñas en comparación con la complejidad del problema.

María Angélica, desde el primer día que se puso a buscar a su hijo –el 8 de julio de 2009-, convivió con una maldita sospecha en la cabeza: la desaparición de Kiki estaba vinculada a la Comisaría N º 52 del barrio de Lugano. “Jonathan tenía problemas con las drogas, como muchos otros pibes de la villa, pero nosotros lo ayudamos siempre y nunca dejó de faltar a casa. Podía pasar un día, dos, pero al tercero aparecía; por eso, ahora que ya pasaron más de tres días, estamos convencidos que algo pasó. La Policía dice no saber nada pero nosotros sospechamos que nos están ocultando la verdad”.

Un tiempo antes, durante el mes de marzo, Mario Ramón Chávez, oficial de la Comisaría 52, apodado Indio, golpeó la puerta de los Lezcano, pidió por su madre, y cuando la tuvo delante suyo le dijo que cuidara al Kiki, que estaba bardeando mucho y no fuese cosa que le pasase algo. A los pocos días, durante el mes de abril, un grupo de policías de la misma dependencia detuvieron a Jonathan y lo golpearon hasta hacerlo sangrar porque lo habían visto en actitud sospechosa en una esquina del barrio.

Otro indicio de que la comisaría estaría implicada en los hechos es la aparición, un tiempo antes, de un auto “trucho” (autos secuestrados o pertenecientes a la brigada sin ningún tipo de identificación) frente a la casa de los Lezcano como señuelo o “queso” para su hijo. La práctica es moneda corriente de las brigadas de la Federal. María Angélica cuenta que un primo de Jonathan, Gabriel Omar “Titi” Álvarez, fue fusilado por un policía (“El Percha”) frente a varios testigos, tras intentar robar uno de estos señuelos. El primo estaba completamente desarmado. Después le plantaron drogas y armas y el caso era utilizado por “El Percha” para amenazar a otros pibes del barrio.

El Percha no está mas en la brigada de la 52 pero todavía le cobra coimas a los puesteros de la feria de Lugano. Su discípulo, el Indio, aprendió los deberes. Kiki y Pochoclo estaban marcados por el Indio por barderos, negros, pobres y adictos. María Angélica afirma que la única vez que Kiki estuvo implicado en una causa judicial lo llevó inmediatamente al Juzgado correspondiente. Su problema no era con el delito, sino con las drogas. Pero la Policía no distingue motivos, califica con otros parámetros: el poder territorial, el control de los negocios ilegales y la posibilidad de moverse con impunidad.

El 7 de julio del 2009 Jonathan conversaba en un pasillo de la villa con su primo Sergio y su amigo Ezequiel Blanco. De las sombras aparecieron dos policías. Uno le avisó que “una vez sí, pero dos no. Voy a ser tu sombra”, y el otro le sacó una foto con su celular.

Al otro día se tomaron el remise.

El 9 de julio, día de la Independencia, Angélica hizo la denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 52 y a partir de ahí, durante dos interminables meses, recorrió juzgados, fiscalías, hospitales, comisarías y organismos públicos. Imprimió fotos, hizo carteles y fue a Missing Children. La foto de Kiki, moreno de ojos claros, sonriendo, apareció en programas de televisión y diarios. Con una de sus hijas pegaron afiches con la cara de Jonathan por todo el barrio y al mes exacto de las desapariciones cortaron la Avenida F. Cruz con bombos, redoblantes, una bandera exigiendo justicia y neumáticos levantando humo negro.

El 10 de julio María Angélica y otros 12 familiares de Jonathan estuvieron con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini. Al día siguiente Pierini se reunió con Valleca, Jefe de la Policía Federal Argentina, y le requirió información sobre el caso. Valleca admitió conocerlo y afirmó que se investigaría en profundidad, no brindando ni entonces ni más tarde ninguna otra información al respecto.

Mientras todo esto sucedía, Jonathan Ezequiel Lezcano y Ezequiel Blanco estaban muertos desde el mismo día de su desaparición, el 8 de julio de 2009: los había asesinado un policía federal.
El hecho fue caratulado como “Robo de automotor. Homicidio” -carátula judicial que describe qué es lo más importante: el supuesto intento de robar un auto, y no la muerte de dos jóvenes-, en el Juzgado de Instrucción Nro. 49 a cargo de Facundo Cubas.

Mientras María Angélica Urquiza recorría toda la institucionalidad posible y derramaba lágrimas y súplicas en diversas oficinas, el cuerpo de Jonathan se enfriaba en la morgue y, antes de que la familia supiera de su muerte, era enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

En la moderna ciudad de Buenos Aires, con su foto publicada en la página de Missing Children, con un juez y un fiscal interviniendo en la denuncia de la desaparición, el juez Cubas ordenó que entierren a ese chico como un NN. Y cuando todo se supo, y antes que el abogado de la familia pueda ver el Expediente, rápidamente el juez Cubas sobreseyó al asesino de Kiki y Pochoclo: Daniel Santiago Veiga, agente de la Policía Federal Argentina perteneciente a la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas D.O.U.C.A.D. de la Policía Federal Argentina.

El doble asesinato se habría producido el 8 de julio de 2009, a las 15:00 horas aproximadamente, en el interior de un auto, y en el Pasaje Zonda 1643 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el próximo capitulo los datos más importantes de las dos causas: ineficacia, impunidad y responsabilidad judicial.


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Quebrar el pacto de silencio

A las 09.30 horas del lunes 4 de enero de 2010, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín reanudó el juicio oral y público que se le sigue al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, seis militares y un ex policía, por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo durante la dictadura. Por la mañana declararon dos testigos de la causa: Faustino López, padre de una desaparecida, y Víctor Ibáñez, un ex cabo del ejército que en la actualidad está protegido por un programa de protección a testigos del Ministerio de Justicia y que tenía mucha información para aportar a la mega causa.

Dentro de la canchita de fútbol de la Sociedad de Fomento José Hernández, Florida, provincia de Buenos Aires, ámbito donde se realiza el juicio, estaba todo listo para que arranque la nueva audiencia: los jueces del tribunal detrás del estrado, fiscalía y querellas repasando expedientes, la defensa con los codos sobre el escritorio, la policía federal custodiando puertas y pasillos del salón, los familiares, sobrevivientes, amigos y compañeros sentados del otro lado de las vallas, y los dos testigos que declararían antes del mediodía, aguardando en alguna dependencia del edificio. Sólo faltaban los reos.


Faustino López, un hombre mayor, canoso y muy flaco, apareció acompañado del brazo por personal del juzgado ya que le costaba movilizarse solo. Vestía camisa y pantalones oscuros, ambas prendas viejas y gastadas. Su testimonio fue breve y contundente: el ejército argentino secuestró a su hija el 14 de abril de 1977 y nunca más supo de ella. Quiso hacer la denuncia en la comisaría de su barrio y no se la aceptaron. Golpeó puertas en dependencias de la Marina, la Prefectura y la Gendarmería, y nada. Con la llegada de la democracia lo contactaron de la CONADEP para contarle que a su hija y a su pareja los habían sido visto con vida dentro de Campo de Mayo. El testigo se quebró por lo menos tres veces y un familiar se tuvo que sentar a su lado para amortiguar la pena que le sacaba el aire y el habla. Cuando Faustino terminó su declaración, y se puso de pié, los aplausos que bajaron desde el público que había llenado gran parte de la sala conmovieron hasta al más distraído; y cuando el hombre pasó por delante nuestro, nos levantamos y la canchita de fútbol se vino abajo.

Víctor Ibáñez se quedó de pié, firme, frente al estrado de los jueces, juró que diría la verdad –juró, y no prometió, que es la otra opción que te ofrece el tribunal antes de testimoniar-, y tomó asiento en el pequeño escritorio con micrófono asignado para los testigos.

Uno de los defensores oficiales, muy joven, le solicitó al tribunal si podía esperar el ingreso de sus defendidos: sí, claro, adelante. Uno a uno, octogenarios y prolijamente vestidos, peinados con gomina, con la mirada puesta en el suelo y sin esposar, fueron tomando asiento los reos del juicio: Reynaldo Bignone, los ex generales Santiago Omar Riveros y Fernando Exequiel Verplaetsen (ambos ya condenados por el caso del Negrito Floreal, de 14 años, secuestrado junto a su madre en Campo de Mayo, quien apareció flotando, y empalado, en las costas del Río de la Plata), entre otros. Mientras subían la escalerita, y se sentaban uno al lado del otro, no se escuchó un solo sonido dentro de la canchita, y la respuesta de los cuerpos –nuestros cuerpos-, tensos, y en inmaculada mudez, fue instantánea: alzar los carteles con las caras de los desaparecidos en dirección a los reos.

Ahora sí, y por el lapso de más de una hora y media, Víctor Ibáñez, un hombre de baja estatura, pelo negro y ralo, camisa anaranjada y jeans, personaje ya conocido para los organismos de derechos humanos, respondiendo siempre a las preguntas de la fiscalía con tono tranquilo y pausado, aportó información muy valiosa en relación a la estructura y modo de funcionamiento del Comando de Institutos Militares dentro de Campo de Mayo al mando de su máximo responsable, el jefe de Inteligencia coronel Fernando Exequiel Verplaetsen.

El hombre contó que a los pocos días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 lo citaron a una pequeña oficina a las 08.00 de la mañana y que partir de una breve entrevista le comunicaron sus nuevas responsabilidades en su nuevo destino: la Plaza de Tiro, o LRD (Lugar de Reunión de Detenidos), o Destacamento Los Tordos, o el Campito. Debía llevarle el desayuno a los detenidos y atender la radio y un teléfono a magneto que tenía la casilla donde pasaría sus días hasta mediados de 1978. No podía andar armado, le indicaron.

El Patio de Tiro consistía en dos enormes galpones, coloniales, centenarios, con piso de tierra, ya que, parece, hasta antes del golpe, funcionaban como caballerizas. Un galpón para los hombres y el otro para las mujeres. Todos los detenidos tenían capuchas tapándoles la cara y las manos atadas por delante con una soga o trozo de ropa. Con el tiempo, relató, pude ir observando cómo operaban los grupos de tareas (GT1, GT2, GT3 y hasta GT4, divididos por organización política perseguida: Montoneros, ERP, otros, y Juventud Guevarista), quiénes los conformaban y cómo operaban. A algunos de ellos los había tenido como profesores en la escuela General Lemos, dijo (casa de estudios de la que egresó a finales de 1972). Y contó que no sólo había miembros del ejercito en esos grupos sino también miembros de la prefectura, policías y civiles afectados a la inteligencia.

Pude ver algunas cosas y escuchar otras, siempre de manera muy fragmentada, dijo. La humillación hacia los detenidos era constante. No había condiciones de higiene y mucho menos sanitarias. Desde mi garita donde tenía la radio y mi cama pude ver cómo les sumergían la cabeza a los detenidos en los bebedores de madera para los caballos, contó. El método de tortura conocido como submarino era cosa de todos los días. Los golpeaban en la cara, en el estómago y en las piernas, entre varios, y en plena luz del día. También pudo ingresar en más de una oportunidad a las salas de interrogatorios; vio los camastros de hierro, botellas de agua, trapos sucios y la maquina para generar electricidad. El perímetro del Campito estaba celosamente custodiado por perros muy malos, llamados de guerra, que cubrían posibles fugas. Uno de ellos, una tarde, se le escapó a un soldado y atacó a uno de los detenidos hiriéndolo de gravedad.

Ibáñez identificó a varios de los represores del centro de Exterminio: el Alemán, de la prefectura, el Gordo 1 de la policía Federal, el Gordo 2, un agente civil al que apodaban Fito, el Toro, capitán en ese entonces, ex profesor suyo en la escuela Lemos, llamado Rodriguez Martín. También nombró a un interrogador de la policía de la provincia de Buenos Aires apodado Clarinete y al Teniente Coronel Jorge Voso, responsable máximo del Campito, el mismo hombre que lo había recibido el día que arrancó con su nueva tarea como guardia. Este hombre tenía varios pseudónimos, recordó Ibáñez: Ginebrón, porque tenía debilidad por la bebida blanca, La parca, o Gato con botas, ya que nunca se sacaba las botas de montar por prescripción médica, según sostenía el mismo represor.

Riveros y Verplaetsen se paseaban casi todos los días por el Campito, y una vez lo vi a Bignone, relató, ante una nueva pregunta de la fiscalía; fue en la pista de aterrizaje de Campo de Mayo, charlaba con personal de uniforme y a su lado, detalló, había varios detenidos encapuchados que estaban a punto de ser embarcados a un avión de la Fuerza Aérea listo para despegar. A qué distancia quedaba la cabecera de la pista del patio de armas, preguntó el fiscal. Más o menos a dos kilómetros, contestó.

Recordó, también, haber visto en reiteradas oportunidades, a un señor de barba, muy misterioso, amigo del teniente coronel Voso. Se decía que era psicólogo, pero en realidad, al tiempo, me enteré que era un juez federal de apellido Sarmiento que interrogaba detenidos en el escritorio de una oficina del predio.

Cuando le preguntaron cuantos detenidos había secuestrados en los galpones, relató que él llevaba unas 140 raciones por día pero que al otro sólo tenía que llevar unas 20. El tránsito de personas era impresionante, comentó. Al otro día, de nuevo unas 150 raciones. La comida para los detenidos era la misma que para los soldados; rancho de tropa, le decían a las raciones.

La figura de Ibáñez se hizo conocida el 25 de abril de 1995 cuando el diario La Prensa publicó su testimonio sobre los hechos acontecidos bajo la órbita del Comando del Instituto Militar de Campo de Mayo. Quebraba, así, el pacto de silencio y camaradería dentro de la fuerza. Al otro día, el entonces comandante en jefe del Ejército, Martín Balza, se vio forzado a realizar su primer reconocimiento público de las atrocidades cometidas por su arma durante la dictadura. Ibáñez tuvo a cargo tareas de logística y atención a prisioneros que pasaron por El Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó en Campo de Mayo entre 1976 y 1980. Llegó hasta el grado de sargento, pero le dieron la baja por rebeldía. Tanto en aquel momento como ahora, en la canchita de la sociedad de fomento, precisó que las construcciones de la Plaza de Tiro eran muy antiguas, con decena de piezas pequeñas, galpones, un baño, una caldera, una piscina y varios quinchos. Ha escrito un libro y está protegido por un programa del ministerio de Justicia.

La historia del loco Cesar, o Cacho Scarpati, formó parte del testimonio del ex cabo del ejercito. Una historia heroica e intrigante. Contó que lo trajeron muy mal herido en un auto, con varios tiros en el cuerpo, dos de ellos en la cabeza. Puede identificar a los miembros del grupo de tareas que lo secuestró, le preguntaron. No, ya que absolutamente todos los componentes de los grupos operacionales usaban pseudónimos, bigotes falsos y pelucas. Relató que lo bajaron del coche y que tiraron su cuerpo sobre la mesa donde almorzaban y cenaban los grupos de tareas y que llamaron a una detenida que era médica, a la que le decían Yoly, para que lo atienda. Su única herramienta sanitaria de trabajo era una pequeña cajita de primeros auxilios. Pude ver todo porque desde la sala de radio se tenía un buen ángulo de visión. La joven le extrajo dos proyectiles de la cabeza y los puso en un vaso de vidrio. No lo llevaron a ningún hospital ni vino ningún médico. Scarpati resistió y la detenida le salvó la vida, porque al poco tiempo el loco Cesar andaba por el predio sin capucha y realizaba trabajos de mantenimiento en el campo: cambiaba lamparitas, cables, pintaba. Se había ganado la confianza de los superiores y también de los interrogadores. Hasta les construyó una cancha de bochas, detalló. Yo intercambiaba algunas palabras con él cada tanto. Era un hombre de un gran sentido del humor. ¿Lo trasladaron, sabe qué pasó con él?, quiso saber la fiscalía. Se escapó, dijo Ibáñez, después de una breve pausa. No se entregó, buscó la manera de darse a la fuga y así lo hizo, resumió. Y después de otra pausa, Ibáñez describió al loco Cesar: un muchacho lúcido, digno de admirar, y esto lo digo a título personal porque alguien tiene que reivindicar la figura de este hombre. Creo que hombres de su talla deberían habernos dirigido en la guerra de Malvinas. Muchos nos pusimos contentos cuando se escapó. A partir de ese momento reforzaron la seguridad del predio con más guardias, más perros y más armamento.

Algunos de los reos, con la ayuda de miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se retiraban al baño, o alguna otra parte que no podíamos ver desde nuestros lugares. Uno de los abogados defensores le convidó un vaso de agua a Riveros, y le dio una palmadita en el brazo. De la platea brotaban gestos y comentarios hacia el defensor oficial, que otros familiares se ocupaban de silenciar, ya que la posibilidad de desalojar la sala, es una constante.

Ibáñez habló de la hija del escritor David Viñas, Nenina, detenida en el Campito, señalándola como una de las más feroces colaboradoras de los grupos de tareas. La habían secuestrado, se decía, siempre por medio de comentarios que se les escapaban a alguno de los interrogadores en la cocina, en el zoológico del barrio de Palermo, delatada por un compañero. Y una vez dentro del Campito, castigaba a sus propios compañeros y los nombraba por nombre y apellido. También nombró a otros dos detenidos que colaboraban con los represores e incluso salían al exterior para traer a nuevos secuestrados.

Cuando el tribunal les cedió la palabra a los defensores de los reos, uno de ellos, el joven calvo y de lentes que desde que arrancó el juicio irrita con sus gestos y comentarios a todos los que asistimos a las audiencias, intentó, como alguna vez hemos visto en las películas estadounidenses cuya trama transcurre en un juicio y las habilidades de los abogados para salir vencedor en el litigio, hacerle pisar el palito al testigo; ¿tuvo o tiene relación con los organismos de derechos humanos, ocupa algún cargo oficial, se entrevistó con personalidades de la política o los organismos? La fiscalía se opuso, Pablo Llonto, de una de las querellas, le salió con los tapones de punta al defensor –y la platea explotó en aplausos, y el defensor le solicitó al tribunal que vacie la sala, el y el tribunal se negó, y el defensor exigió que el incidente figure en actas, y el tribunal contestó que la audiencia completa figura en actas-, y el tribunal, después de debatir con los micrófonos cerrados, detrás del estrado, amontonados, no dio a lugar a la pregunta.

Cuando terminó la declaración de Ibáñez, y se pudo de pie, y se retiró, los aplausos que se levantaron de la platea no tuvieron la efusividad ni la emoción de hacía más de una hora y media atrás cuando se lo despedía a Faustino. Ibáñez quebró el silencio, claro que sí, y la información que el posee y aporta, vale millones, pero, como dijo uno ya en el pasillo, bajo el sol, con un café en la mano, ya en el cuarto intermedio del mediodía, no deja de ser un milico que trabajó para ellos y que vaya uno a saber por qué decidió traicionar a los suyos.

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Manu y Santino Dios

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