La historia de Kiki y Pochoclo: las causas judiciales, y el escándalo (Capítulo II)

Capitulo 2.

Cuando el agente Veyga le dispara a Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco y los deja tirados en el auto, se baja y llama a sus colegas de la Comisaría 12, que en seguida concurren al lugar del hecho, sacan fotos de los cuerpos y, sin ningún apuro, llaman a la ambulancia. Ezequiel ya estaba muerto pero Jonathan no. En el Expediente judicial que se inició el mismo 8 de julio de 2009 la médica que llegó con la ambulancia informó que Jonathan estaba vivo y que murió en el hospital Piñero.

La causa abierta se caratuló “NN sobre ROBO DE AUTOMOTOR CON ARMAS. HOMICIDIO SIMPLE”, bajo el número 29.500/2009, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49, a cargo del Juez Facundo Cubas.

Ese mismo día se hicieron las autopsias. El médico forense escribió que el primer NN (Ezequiel) falleció por lesiones por proyectiles de arma de fuego en cráneo y cerebro con hemorragia interna y externa. Y estima que es un masculino de entre 18 y 22 años (Ezequiel tenía 25). Del otro NN (Jonathan) escribe exactamente lo mismo con las mismas palabras, sólo cambia el horario aproximado de la muerte: 16.15 (Jonathan tenía 17 años).

Por la noche la policía de la Comisaría 12 cargó los datos en el COP (Centro de Operaciones Policiales) de los dos cuerpos NN con las características descritas.

Al día siguiente María Angélica, la madre de Jonathan, se acercó a la Comisaría 52ª y presentó una denuncia describiendo los rasgos de su hijo destacando un tatuaje del Gauchito Gil. El 10 de julio la Comisaría 52ª hace la consulta en el COP con resultado negativo.

El día 12 de julio de 2009 María Elizabeth Vera denunció la desaparición de su hermano Ezequiel Blanco en la Comisaría 52. Al día siguiente, 13 de julio, la Comisaría 12 y el Juzgado 49 ya tenían conocimiento que uno de los cuerpos era el de Ezequiel Blanco, con todos sus datos personales (fs. 83 del Expediente).

Mientras la Comisaría 52º recibía las denuncias de las desapariciones, la Comisaría 12º y el Juzgado de Instrucción 49 mantenían a los cuerpos de esos supuestos desaparecidos en la morgue judicial. El Juzgado 49 no realizó ninguna diligencia para acelerar la identificación de Jonathan ni para encontrar y comunicar a los familiares de Ezequiel que su cuerpo había sido identificado.

En la Ciudad de Buenos Aires, con la tecnología existente y con los “expertos” en inteligencia de la Policía Federal, es absolutamente ridículo que dos personas mueran sin ser identificadas mientras al mismo tiempo sus dos familias denuncian que ese mismo día sus seres queridos desaparecieron. Es inadmisible que ninguna autoridad policial o judicial haya conectado estos dos hechos. Y sobraban datos para esa conexión como el tatuaje del Gauchito Gil en el cuerpo de Jonathan. El responsable máximo de esta tremenda impericia es la autoridad que “condujo” la investigación del hecho principal, y quien tenía la potestad sobre el destino de los cuerpos: el Juez Cubas.

El 19 de agosto de 2009 el Registro de Reincidencia informó en el Expediente judicial el domicilio de Ezequiel Blanco, pero tampoco se hizo diligencia alguna para ubicar a su familia.

Desde el día 8 de julio de 2009 hubo fotos de los pibes en la causa que llevaba el Juez Cubas. Y desde el 12 de julio hubo fotos de ellos en el sumario policial de la Comisaría 52, que en primer lugar generó una causa por averiguación de paradero en el Juzgado de Menores nº 5 y luego, a partir del 27 de julio de 2009, el Expediente nº 30.239/09 con intervención del Juzgado de Instrucción nº 30 y la Fiscalía nº 44.

Los familiares de Jonathan y Ezequiel denunciaron las desapariciones de los chicos, exhibiendo, siempre, sus fotos. Incluso hubo medios de comunicación que publicaron sus rostros. Sin embargo, el Juez Cubas continuó con el trámite de rutina, ocupándose, únicamente, de resolver la situación procesal del policía que fusiló a los dos pibes, como si ese Juzgado perteneciera a otro sistema, por fuera de otros Juzgados colegas, por fuera de Missing Children y por fuera de toda realidad.

Recién el 14 de septiembre de 2009 los familiares tomaron conocimiento que en el Juzgado de Instrucción nº 49, a cargo de Cubas, tramitaba la causa 29.500/2009, que disponía de los cuerpos de Jonathan y Ezequiel. En este juzgado un empleado le entregó a la madre de Jonathan un papelito de color verde con los dos nombres de los cuerpos y el número de expediente de la morgue. Cuando llegaron a la morgue un funcionario les informó que Jonathan ya había sido enterrado como N.N. en el Cementerio de Chacarita el día 11 de septiembre de 2009. Cuando llegaron a la morgue, además, estaban por llevarse el cuerpo de Ezequiel Blanco al cementerio, hecho que fue evitado por María Elizabeth Vera, su hermana.

La noticia de la existencia de los cuerpos se las dio a los familiares un empleado de la Fiscalía 44. Esta Fiscalía fue la responsable, a raíz de las diligencias ordenadas, de obtener el cruce de datos. Pero también hubo serias demoras en la actuación de esta Fiscalía: recién el 11 de septiembre de 2009 (un mes y medio después del inicio de la causa) se ocupó de convocar a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina para que desarrolle tareas investigativas. Ese mismo día dicha División cruzó los datos con la Comisaría 12 y resolvió la cuestión de la búsqueda.

Pareciera que la Policía Federal Argentina siempre supo todo, pero que recién después que el Fiscal convocó a esta División, blanqueó la situación. El ocultamiento ya era escándalo y seguir con ese juego podría haber tenido consecuencias más graves. Además, la presión institucional sobre la policía iba creciendo.

La actuación de la Fiscalía 44 en la causa 30.239/09, con intervención del Juzgado de Instrucción 30, también fue negligente. Los familiares de las victimas concurrieron a la sede de la Fiscalía el 14 de septiembre de 2009 y recién ahí se les informó de la existencia de la causa en el Juzgado 49. Nadie los llamó, sino que ellos se acercaron a la Fiscalía, como muchas otras veces, para consultar sobre el destino de los chicos.

Esto confirma que el juzgado a cargo de Facundo Cubas en ningún momento tuvo la intención de poner en conocimiento a las familias de lo ocurrido. Todo lo contrario: el 28 de agosto de 2009 Cubas había ordenado a la Morgue Judicial la inhumación por vía administrativa de los dos cuerpos, sin haber instado medidas para el reconocimiento de sus familiares. Ordenó la inhumación de Ezequiel Blanco (identificado plenamente) y del cadáver 1563/09 sin identificar: Jonathan Lezcano.

La morgue realizó la inhumación de Jonathan Lezcano varios días después, el viernes 11 de septiembre de 2009, justamente el mismo día que la División Búsqueda de Personas informó sobre la conexión entre las dos causas.

Cuando el Fiscal a cargo de la Fiscalía 44, Dr. Pablo Recchini, descubrió la conexidad de las causas se declaró incompetente y pasó todo al Juez Cubas.

En el Expediente del Juez Cubas consta que se encontraron sólo balas del arma del agente Veyga y que las armas que supuestamente poseían Kiki y Pochoclo no fueron utilizadas. Además, con la distancia en la que fueron hechos los disparos del agente Veyga, es improbable la hipótesis de un enfrentamiento. Por otra parte, no se efectuaron pericias dactilares sobre las armas que supuestamente tenían los pibes, ni se pidió informes al 911 sobre posibles llamados el día de los hechos ni ningún otro medio de prueba que profundice la investigación.

El juez Cubas dictó el 28 septiembre de 2009 el sobreseimiento del agente Veyga y lo hizo el mismo día que autorizó a las familias a extraer las fotocopias de la causa, papeles solicitados 6 días antes. Además, el día 29 de septiembre sólo le expidieron a las familias copias del primer cuerpo omitiendo las copias del segundo cuerpo donde justamente se encontraba la sentencia que debían apelar.

El fundamento del sobreseimiento fue el de la legítima defensa, que el imputado planteó por escrito al relatar su versión de los hechos.

El juez Cubas dictó el sobreseimiento sin tomarle al propio agente Veyga declaración indagatoria: reemplazó ese acto procesal con una simple declaración espontánea por escrito del policía. El sobreseimiento se basó en dicha declaración y se decretó pocos días después que las familias de las víctimas habían tomado conocimiento de la causa y antes de que su abogado pudiera tomar vista. El juez, además, no hizo lugar al pedido de las familias de constituirse como querellantes.