La clase de la Jueza

La disputa del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial en la Ciudad, la bochornosa jueza discriminadora y la cuestión de clase en la política local.

La Jueza Contravencional de la Ciudad Rosa Parrilli dio una muestra de pertenencia a una clase y una clase de pertenencia a una corporación. Esto disparó acciones políticas de todo tipo que resulta atractivo analizar.

Por un lado se pudo ver a los medios escandalizados defendiendo, ahora, a la burocracia estatal, a la Guardia Urbana de Ibarra y a los morochos, cuando permanentemente hablan de profesiones cuando un delincuente tiene una (el abogado mató, el ingeniero estafó) y hablan con lenguaje policial cuando el autor del delito es negro y no terminó el secundario. Por lo que sea, los medios salieron a cruzar rápidamente a esta jueza impresentable. Y esto produjo inmediatas acciones de Macri y sus ministros.

Una primera confirmación que merece más desarrollo: A Macri la política se la manejan los medios y todo lo que hace lo hace para los medios. No tiene política en serio fuera de la agenda de los medios. Esto, que su círculo de publicistas cree que es la panacea, es un boomerang que no tiene sentido explicar aquí.

Pero esta historia tiene algo más pesado atrás y que se relaciona con el verdadero conflicto: El gobierno de Macri quiere restringir el accionar de la justicia de la ciudad y en ese camino elaboró un proyecto de ley que ya consiguió un Dictamen de la Comisión de Justicia de la Legislatura. Este proyecto limita arbitriamente, violando la Constitución de la Ciudad, el acceso a la justicia de los más frágiles, a quienes, si se aprueba ese proyecto, los jueces deberán obligarlos a presentar una caución real para solicitar una medida cautelar (van a tener que poner plata si quieren que el juez resuelva rápidamente respecto de una violación de un derecho).

Pero no nos confundamos. Los jueces que dictan medidas cautelares en la Ciudad restituyendo los derechos que el Gobierno de la Ciudad viola, no tienen nada que ver con aquella Jueza Contravencional. Al gobierno de Macri no le importan los jueces como esa jueza, irresponsables, autoritarios y discriminadores; le importan los jueces que leen a fondo la Constitución de la Ciudad cada vez que alguien presenta un amparo en los Tribunales. Y por más que se pueda pensar que algunos jueces de la ciudad se exceden en sus interpretaciones y rozan los límites de su competencia, lo cierto es que siempre lo hacen con la Constitución en la mano y bajo una argumentación jurídica y profesional (no con autoritarismo, despotismo y xenofobia) El sistema Contencioso Administrativo de la Ciudad (donde tramitan casi todos los amparos por derechos fundamentales) tiene sus propios controles que interpretan restrictivamente algunos derechos (El Tribunal Superior especialmente) y no hace falta que el Ejecutivo meta mano.

Lo que pasa es que la Jueza Parrilli es incomoda en un acto particular, mediático (que ilumina, además, sobre ciertas conductas de la corporación judicial) pero lo cierto es que ese acto da cuenta de una expresión de clase de la que Macri también es propietario. A Macri le sobran las ganas de poder gritar como esa jueza, así debe tratar a sus empleadas en su casa, y lo quisiera hacer con los jueces, pero no puede hacerlo, porque están los derechos humanos, la política y todo eso. Sin embargo, miren que paradoja, porque lo que hizo Macri rápidamente con las empleadas agraviadas fue un gesto político, puramente político, que trae rédito político. Pero resulta que cuando Palacios renuncia Macri dice que el tema se politizó, como si la política fuera algo ajeno a lo que hace todos los días. Odiar la política haciendo política. Acá hay otra disputa latente en la actualidad (¿Qué vale más: la imagen o la capacidad política? ¿Quién tiene el poder: quien gana las elecciones o quien marca la agenda?).
La postulación de Ugolini como miembro del Tribunal Superior va en el mismo sendero: una abogada que no incorporó a sus razonamientos jurídicos la Constitución de la Ciudad y que cree que defender el Estado es defender el interés de la sociedad. Uy, uy, uy, cuantas contradicciones. Resulta que ahora el PRO es pro estatal. No, lo que resulta es que ahora ellos tienen el poder y necesitan herramientas legales para que no jodan con el derecho a la salud o el derecho a la vivienda. Lo que pasa es que los patrones funcionan así y piensan que todos los demás también. Que alguien da órdenes y otro las cumple. En el comedor de la casa, en una empresa y en el Estado. En esa concepción juntan sus manos la jueza contravencional y el jefe de Gobierno, aunque Macri simule distanciarse.