La historia de Kiki y Pochoclo: asesinato y desaparición (Introducción y Capítulo I)

Un caso de violencia policial, complicidad judicial e impunidad.

Los hermanos Dios decidimos contar esta historia con la intención de aportar al conocimiento y esclarecimiento de este caso. Para que no quede impune y con la impotente voluntad de que estas situaciones no se repitan. A la historia de Kiki y Pochoclo accedimos por nuestras relaciones laborales y sociales, pero seguro que hay muchas más similares dando vueltas. Nuestro aporte no es artístico, apenas intenta ser militante. Todos los datos están chequeados. Dividimos el trabajo en tres capítulos. El primero se remite a los hechos. En el segundo contaremos los detalles más reveladores de las causas judiciales y en el tercero señalaremos las repercusiones y las consecuencias.

Capitulo 1.
Jonathan Ezequiel Lezcano tenía 17 años. A las siete de la tarde del miércoles 8 de julio del 2009 se subió a un remise junto a su amigo Nelson Ezequiel Blanco (25) en una esquina de la Villa 20 de Lugano, donde vivían. Después de viajar unos quince minutos se bajaron a tres cuadras del Hospital General de Agudos "P. Piñero", en el Bajo Flores. “En una hora te volvemos a llamar para que nos lleves de nuevo a casa”, le dijeron al chofer, a quien conocían del barrio. Pero la llamada nunca llegó.

Jonathan llevaba puestos unos jeans de color azul, un buzo a rayas celestes y blancas y zapatillas Nike negras, y le decían Kiki. Ezequiel tenía unas zapatillas Reebok blancas, jean gris, una remera manga larga de color negro con bordados rojos y una campera polar negra. Le decían Pochoclo.

María Angélica Urquiza, la madre del Kiki, desde hacía un largo tiempo venía peleando para que su hijo se curara de la adicción al paco. Como suele ocurrir con los pibes pobres y adictos, la opción es un neuropsiquiátrico; y aquellos que tienen alguna causa judicial, Instituto de Menores. Kiki pasó por los dos. Primero por una clínica neuropsiquiátrica, donde su madre lo visitaba casi todos los días: el chico le rogaba que lo sacase de ahí porque lo tenían aislado y drogado desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y también pasó por el Instituto de Menores San Martín, en el marco de una causa judicial. Su Directora, Raquel Robles, lo recuerda con mucho cariño: “era precioso, tenía un gran carisma, un líder: un pibe diferente y muy querido”.

En la ciudad de Buenos Aires, para acceder a un tratamiento que ofrezca posibilidades serias de curación y reinserción, hay que tener dinero. Los tratamientos no son gratuitos y sólo acceden familias de cierto poder adquisitivo. Los pobres no. Las vacantes para el tratamiento gratuito son ínfimas y las políticas estatales son risueñas en comparación con la complejidad del problema.

María Angélica, desde el primer día que se puso a buscar a su hijo –el 8 de julio de 2009-, convivió con una maldita sospecha en la cabeza: la desaparición de Kiki estaba vinculada a la Comisaría N º 52 del barrio de Lugano. “Jonathan tenía problemas con las drogas, como muchos otros pibes de la villa, pero nosotros lo ayudamos siempre y nunca dejó de faltar a casa. Podía pasar un día, dos, pero al tercero aparecía; por eso, ahora que ya pasaron más de tres días, estamos convencidos que algo pasó. La Policía dice no saber nada pero nosotros sospechamos que nos están ocultando la verdad”.

Un tiempo antes, durante el mes de marzo, Mario Ramón Chávez, oficial de la Comisaría 52, apodado Indio, golpeó la puerta de los Lezcano, pidió por su madre, y cuando la tuvo delante suyo le dijo que cuidara al Kiki, que estaba bardeando mucho y no fuese cosa que le pasase algo. A los pocos días, durante el mes de abril, un grupo de policías de la misma dependencia detuvieron a Jonathan y lo golpearon hasta hacerlo sangrar porque lo habían visto en actitud sospechosa en una esquina del barrio.

Otro indicio de que la comisaría estaría implicada en los hechos es la aparición, un tiempo antes, de un auto “trucho” (autos secuestrados o pertenecientes a la brigada sin ningún tipo de identificación) frente a la casa de los Lezcano como señuelo o “queso” para su hijo. La práctica es moneda corriente de las brigadas de la Federal. María Angélica cuenta que un primo de Jonathan, Gabriel Omar “Titi” Álvarez, fue fusilado por un policía (“El Percha”) frente a varios testigos, tras intentar robar uno de estos señuelos. El primo estaba completamente desarmado. Después le plantaron drogas y armas y el caso era utilizado por “El Percha” para amenazar a otros pibes del barrio.

El Percha no está mas en la brigada de la 52 pero todavía le cobra coimas a los puesteros de la feria de Lugano. Su discípulo, el Indio, aprendió los deberes. Kiki y Pochoclo estaban marcados por el Indio por barderos, negros, pobres y adictos. María Angélica afirma que la única vez que Kiki estuvo implicado en una causa judicial lo llevó inmediatamente al Juzgado correspondiente. Su problema no era con el delito, sino con las drogas. Pero la Policía no distingue motivos, califica con otros parámetros: el poder territorial, el control de los negocios ilegales y la posibilidad de moverse con impunidad.

El 7 de julio del 2009 Jonathan conversaba en un pasillo de la villa con su primo Sergio y su amigo Ezequiel Blanco. De las sombras aparecieron dos policías. Uno le avisó que “una vez sí, pero dos no. Voy a ser tu sombra”, y el otro le sacó una foto con su celular.

Al otro día se tomaron el remise.

El 9 de julio, día de la Independencia, Angélica hizo la denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 52 y a partir de ahí, durante dos interminables meses, recorrió juzgados, fiscalías, hospitales, comisarías y organismos públicos. Imprimió fotos, hizo carteles y fue a Missing Children. La foto de Kiki, moreno de ojos claros, sonriendo, apareció en programas de televisión y diarios. Con una de sus hijas pegaron afiches con la cara de Jonathan por todo el barrio y al mes exacto de las desapariciones cortaron la Avenida F. Cruz con bombos, redoblantes, una bandera exigiendo justicia y neumáticos levantando humo negro.

El 10 de julio María Angélica y otros 12 familiares de Jonathan estuvieron con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini. Al día siguiente Pierini se reunió con Valleca, Jefe de la Policía Federal Argentina, y le requirió información sobre el caso. Valleca admitió conocerlo y afirmó que se investigaría en profundidad, no brindando ni entonces ni más tarde ninguna otra información al respecto.

Mientras todo esto sucedía, Jonathan Ezequiel Lezcano y Ezequiel Blanco estaban muertos desde el mismo día de su desaparición, el 8 de julio de 2009: los había asesinado un policía federal.
El hecho fue caratulado como “Robo de automotor. Homicidio” -carátula judicial que describe qué es lo más importante: el supuesto intento de robar un auto, y no la muerte de dos jóvenes-, en el Juzgado de Instrucción Nro. 49 a cargo de Facundo Cubas.

Mientras María Angélica Urquiza recorría toda la institucionalidad posible y derramaba lágrimas y súplicas en diversas oficinas, el cuerpo de Jonathan se enfriaba en la morgue y, antes de que la familia supiera de su muerte, era enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.

En la moderna ciudad de Buenos Aires, con su foto publicada en la página de Missing Children, con un juez y un fiscal interviniendo en la denuncia de la desaparición, el juez Cubas ordenó que entierren a ese chico como un NN. Y cuando todo se supo, y antes que el abogado de la familia pueda ver el Expediente, rápidamente el juez Cubas sobreseyó al asesino de Kiki y Pochoclo: Daniel Santiago Veiga, agente de la Policía Federal Argentina perteneciente a la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas D.O.U.C.A.D. de la Policía Federal Argentina.

El doble asesinato se habría producido el 8 de julio de 2009, a las 15:00 horas aproximadamente, en el interior de un auto, y en el Pasaje Zonda 1643 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el próximo capitulo los datos más importantes de las dos causas: ineficacia, impunidad y responsabilidad judicial.