La batalla final

¿Alguien tiene alguna duda de que esta es la batalla final, la que decide la guerra?

La manera en que se resuelva esta batalla va a definir el ADN del relato de la historia política y de medios en la Argentina. Es tan definitorio que el poder mediático y sus políticos mercantilistas ya están disparando con lo que resta, con las reservas, con toda la miseria acumulada. Y nosotros tenemos que hacernos cargo también de esta batalla. Y no lo digo para hacerle el juego al gobierno (que por mi parte lo hago todos los días porque lo banco) ni de tirarle mierda a Clarín por el deshonroso desenlace de su historia. Se trata de algo más elevado en términos históricos. Porque tanto que lo mencionan gratuitamente, hay que decirlo, acá están en juego verdaderamente las instituciones de la democracia.

En esta batalla, 6, 7, 8 es una travesura con soldaditos de plomo al lado de los generales que pelean desde los grandes medios.

La Ley 26.549 que prevé y regula el procedimiento que el viernes ordenó la Jueza Arroyo fue votada por todos los senadores menos uno. Es el resultado de años de lucha de Las Abuelas, es fruto de recomendaciones de organismos internacionales y es la salida a la pantanosa experiencia de muchos otros casos de chicos apropiados que debieron pasar años en la justicia para definir su identidad.

En las causas judiciales, si bien no son habituales, a estos procedimientos nunca se los suele tildar de vejatorios. Si el trámite lo hubieran hecho con los hijos de Pepito, el almacenero, está absolutamente claro que Carrió no hubiera llorado, que La Nazión no hubiera sido tan pornográfica, ni Clarín-miente tan histérico.

Los legisladores votaron esa ley que admite ese procedimiento en diciembre de 2009. En el debate legislativo se discutió la posible colisión de derechos pero se llegó a un consenso de los representantes del pueblo que debería dar por terminada la discusión. Ningún juez hasta la fecha declaró inválida esa ley. A los jueces que no les gusta prefieren, en todo caso, hacerse los distraídos pero saben que no tienen el derecho (las instituciones) de su lado para declararla inconstitucional.

La jueza Arroyo cumplió la ley, tal cual se exige desde todos los medios y sin distinción a todos los jueces. Nadie se queja, ni los medios, ni los políticos, cuando la Policía Federal Argentina entra a las casas de los pobres a allanar, con orden judicial, y se roban sus pocas pertenencias, golpean a las mujeres y exceden la orden otorgada. Y ahí sí que se puede probar que el procedimiento es vejatorio. Soy testigo en mi trabajo de decenas de esos casos y son muy pocos a los que les interesa difundir eso. El caso de los hijos de Noble no fue vejatorio ni mucho menos. Fue un trámite normal a personas que por su poder no son normales. Se habló hasta de torturas, lo que muestra lo perverso del asunto.

Pero la víctima principal de todo esto es la construcción histórica que se viene haciendo, con lucha, del concepto Derechos Humanos, la víctima es el lenguaje, el concepto alcanzado. Que un Secretario de Derechos Humanos, como el del gobierno de Macri, se queje del procedimiento públicamente da cuenta de dónde estamos parados. El tipo sabe que ese trámite es legal, sabe que los organismos internacionales de derechos humanos ya dijeron que el derecho a la identidad afecta a toda la sociedad y por ese motivo debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad de una persona. Lo sabe bien. Sabe que la Argentina colocó con jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos. Y que la Corte tiene dicho que las interpretaciones de los organismos internacionales sobre esos tratados deben ser asimilados para la interpretación de nuestros casos judiciales. Este hombre no puede estar en ese cargo y hacer esas declaraciones. Hasta este momento, los funcionarios que ocuparon el área de derechos humanos en el gobierno Pro, si bien con grandes diferencias ideológicas, mantuvieron relaciones con los organismos; estaban, a su manera, comprometidos con la historia y con el concepto. Este hombre pasó el límite. Y esto habla de la intensidad y del valor de esta batalla.

El gobierno no salió a decir nada fuerte por estos días, lo que me parece razonable a los efectos de no colocar este tema como una pelea con Clarín. Ya dijo mucho en los últimos tiempos.

Pero hay otros que no tienen justificación. Es una pelea por el derecho, por nuestra democracia. El que no la ve ahora se la pierde. No sirve verla después. Hay un partido político que dice tener un proyecto en el sur. Quiero decirles que “el silencio es salud” es una frase que usaban los milicos. No pueden callarse en este momento. La historia los va a juzgar como cobardes, oportunistas y carentes de convicciones. Decir algo hoy a favor de las Abuelas, apoyando a la jueza en su rol, es imprescindible. Creer que decir algo sería favorecer al gobierno es una reflexión tan miserable que nada tiene de reflexión sino de irresponsabilidad, ingenuidad y complicidad con la impunidad en nuestro país.